sábado, 15 de junio de 2019

Estado, Gobierno y Legitimidad.

En el año 1980, lo primerito que aprendí en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad del Zulia es el concepto de la Norma como regla de conducta social, porque el derecho es eso, la normatividad de la conducta social intersubjetiva, regulada y coercitiva, mediante las leyes, siguiendo éstas en su creación el proceso constitucional de su formación, para mantener el estado de derecho vigente.

La vigencia formal depende de esta condición constitucional en su formación legislativa en el seno del parlamento, congreso o asamblea nacional y su posterior publicación en el órgano impreso divulgativo respectivo para su divulgación y conocimiento público, la Gaceta Oficial; pero lo que resulta trascendente en el orden jurídico, es la vigencia eficaz de esa normatividad social y ésta depende de su eficiencia, en cuanto su plena realización en el ámbito de la sociedad a la cual está destinada a regular la conducta de sus ciudadanos.

Las leyes son eficientes en la medida que logran el objetivo coercitivo de mantener la conducta ciudadana regulada dentro del marco legal vigente, en consecuencia no basta su existencia formal, si los ciudadanos en el uso de sus libertades sociales no ejercen los deberes legales en orden a la normativa jurídica vigente, entra el orden coercitivo a restaurar la legalidad para preservar el imperio de la legalidad ante la violación del derecho.

Si no existe la obediencia legítima y debida, la coerción, que hasta un momento previo a su violación permanece latente en la norma para persuadir de su obediencia, aparece como penalización de la infracción a la ley, castigando al infractor de la norma, ésta penalización se impone mediante la administración de justicia y sus jueces ante estrados, siguiendo las pautas procesales establecidas en el mismo orden normativo vigente, debido proceso, para discernir la verdad y obtener una sentencia justa que restaure el orden normativo infringido.

Básicamente de eso trata el Estado de Derecho y de Justicia Social, resulta en consecuencia evidente que en una sociedad donde el delicado estamento del orden normativo y sus órganos de justicia no funcionan eficazmente, comprometen la legitimidad del orden social instaurado.

En este punto es necesario destacar la existencia del Estado como cosa pública, la rei publicae del Derecho Romano, es decir la República en buen castellano, así como la nación es un concepto que está vinculado a su existencia, pues la nacionalidad como identidad de tradición y cultura previene aquella.

El Estado como cosa pública, órgano formal y ficción jurídica deviene su existencia de ese espíritu nacional en su unidad basada en su morfología e idiosincrasia que lo caracteriza de otras naciones, culturalmente hablando, otras corrientes doctrinarias basan la nacionalidad, sobre todo en el pasado, en el aspecto racial como en las sociedades anglosajonas, germánicas y asiáticas como la Japonesa en la primera mitad del siglo XX.

Ahora bien, el gobierno, en este orden de ideas, son los organismos públicos que dirigen, gestionan, controlan y administran las instituciones del Estado, mediante el ejercicio de la autoridad de la cual se ven investidos por mandato popular y en libres elecciones democráticas.

Y es en esta etapa de nuestro análisis, donde entran a considerarse todas aquellas incidencias que irrumpen contra las funciones del Estado en orden a sus fines, como fuente de los Derechos ciudadanos y como entelequia social que busca en principio la satisfacción de las necesidades sociales en el ejercicio del buen gobierno.

La estrecha vinculación jurídica entre el gobierno, el estado y la legitimidad, deviene en la promulgación de leyes de buen gobierno, pero no siempre se hace un buen gobierno, porque éste depende de la voluntad particular de quienes detentan el poder, en el ejercicio de la autoridad que en el voto participativo les delegan los ciudadanos, los órganos del estado actúan como gobierno, investidos de una autoridad que no le es propia sino por delegación de los ciudadanos al ser electos en voto libre, universal y secreto.

Aquí la primera incidencia, la objetividad en la realización de los fines de Estado por parte de sus órganos de gobierno, hasta ahora el ejercicio de la actividad de gobierno en democracia se ha visto como un método político si bien institucionalizado, está basado en la competencia de los partidos para alcanzar las decisiones políticas, la ciudadanía elige a sus líderes, éstos conforman una burocracia y gobiernan en su representación, en consecuencia la sobrevivencia de la democracia depende en gran medida de los compromisos asumidos por éstas élites con el sistema mismo y de sus beneficios. 

Es menester resaltar que la democracia como sistema político, desde una nueva visión de gobernabilidad, se sustenta en la existencia de una ciudadanía titular de derechos y obligaciones sociales, civiles y políticas; por una parte y por la otra, la existencia de los poderes públicos en su trilogía del contrato social, ejecutivo, legislativo y judicial, que provea y procure en todo caso, el ejercicio de un buen gobierno en la satisfacción de las expectativas sociales que los llevaron al poder; y ésta aseveración es condición de la legitimidad no del Estado, sino del gobierno, que es a mi modo de ver el responsable de la eficacia de aquel.

Estado e instituciones sobreviven a sus órganos gubernamentales, porque es su acción la que configura las funciones que le son propias al Estado y de la cual deviene la legalidad, el estado de derecho, su estabilidad y sostenibilidad en el tiempo y en el espacio geográfico de la nación, conformada por su ciudadanía, en la unidad de su tradición cultural, que la hace homogénea y prevalece a pesar de sus autoridades, no siempre a tono con los altos intereses nacionales.

Discernir todos estos conceptos es imprescindible para reformular las tesis de los estados modernos en su gobernabilidad democrática, saber diferenciarlos de los gobiernos donde prevalece, ante la voluntad ciudadana y sus necesidades, el espíritu de los partidos y sus facciones, con su burocracia al servicio de las élites; por democracias autenticas de gobernantes "facilitadores" y servidores públicos en su gestión hacia la ciudadanía en la realización eficiente de un buen gobierno, y muy especialmente, cortarle el paso al poder a caudillismo mesianicos origen de los regímenes opresivos y anti democráticos, que seducen con su discurso demagógico las expectativas de la gente, regímenes donde la trilogía del poder público se vulnera bajo el poder central del personalismo autoritario, los elementos culturales de la nación son alterados, sus valores e iconos históricos desconfigurados, para distorsionar la tradición cultural que lo distinguía como nación y le daba su carácter nacional propio, para instaurar un nuevo sentido de identidad y pertenencia en los ciudadanos, y de ese modo procurarse su propia perpetuidad en el poder, incluso hasta por la fuerza coercitiva mediante la represión de las masas, muy a pesar del mal ejercicio de su autoridad en la gestión de gobierno.

JLReyesMontiel.






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